usuarioAdmin6512023-10-01T20:32:00Z2023-10-02T18:45:00Z232092183356LibreOffice/7.3.7.2$Linux_X86_64 LibreOffice_project/30$Build-2 La democracia, esa superstición. Sobre el dogma democrático y sus consecuenciasMaximiliano Román(Universidad Nacional del Nordeste)Introducción Borges sentenció alguna vez la condición precariade la democracia señalando:La democracia es una superstición, basada en la estadística. Toda la gente no entiende de política, como no podemos entender todos de retórica, de psicología o de álgebra. Samaniego, Fernando, “‘La democracia es una superstición’ declara Borges al llegar a Madrid”, en El País, 07/09/1976. Disponible en: Si bien rechazamos el talante aristocrático de sus afirmaciones y el apoyo explícito de Borges al golpe de Estado de 1976 –de lo cual el escritor se retractaría posteriormente–, Cf. Borges, Jorge Luis, “El último domingo de octubre”, en Clarín, 22/12/1983. Disponible en: rescatamos esta frase por su carácter disruptivo y por su capacidad para poner en cuestión un elemento que parece actualmente aceptado de manera acrítica: la facticidad de nuestra democracia. Es decir, dar por supuesto de que vivimos en sociedades democráticas y que ese simple hecho es capaz de erradicar todo sesgo de autoritarismo.De algún modo, habiendo nacido casi al mismo tiempo que nuestro régimen democrático, observo que existe una visión bienintencionada acerca de nuestra democracia como la mejor –e incluso la única– de las democracias posibles. En consecuencia, cualquier crítica de la “democracia realmente existente” es tachada de autoritaria y los argumentos son rechazados sin contemplación. Se construye así un discurso cerrado que no admite señalamientos, una respuesta automática, que consagra una especie de credo en el dogma democrático. Este escrito parte de un interrogante sobre la efectividad del discurso tradicional en defensa de la democracia frente a la pérdida de credibilidad de esta forma de gobierno Cf. Latinobarómetro, Informe 2023. La recesión democrática en América Latina, Santiago de Chile, Corporación Latinobarómetro, 2023. Latinobarómetro es un estudio de opinión pública que aplica anualmente alrededor de 20.000 entrevistas en 18 países de América Latina representando a más de 600 millones de habitantes.y al avance de gobiernos, partidos o grupos de corte autoritario. Cf. Stefanoni, Pablo. ¿La rebeldía se volvió de derecha?, Ciudad de Buenos Aires, Siglo XXI, 2021.En estas condiciones: ¿es suficiente con defender en bloque la democracia en su forma actual? ¿Es efectiva esa defensa frente a las nuevas amenazas que la acechan? Mientras escribo este artículo, las elecciones primarias para presidente de la Nación en Argentina ubican como el candidato más votado a Javier Milei, referente local del libertarismo e identificado con la extrema derecha del espectro político, con un discurso abiertamente negacionista, discriminatorio y autoritario.El dogma democráticoEs sabido que la política argentina del siglo XX ha quedado marcada a fuego por la alternancia entre gobiernos democráticos condicionados y dictaduras establecidas mediante golpes de Estado encabezados por el Partido Militar, siendo el período de 1983 a la fecha el de mayor continuidad constitucional. Es también historia conocida la sucesión de intentonas golpistas ocurridas durante los primeros 7 años de democracia y las políticas de impunidad forjadas al calor de las mismas. Estos elementos permiten entender el contexto en el que se elaboró un discurso cerrado de defensa a rajatabla del régimen democrático, encarnada en la célebre frase del primer presidente argentino elegido por el voto popular después del golpe de 1976: “con la democracia se come, se educa y se cura”. La democracia aparecía como aquella panacea capaz de curar todos los males del pueblo argentino.Sin embargo, transcurridos unos intensos 40 años de vida política en nuestro país, consideramos imperioso encontrar nuevos sentidos para la defensa de nuestro modo de organización política. Y ello requiere de una dosis de osadía para imaginar otras realidades posibles y repensar la “superstición” democrática, en vistas a su fortalecimiento. Hoy, más que nunca, defender la democracia no debería significar justificar sus defectos ante el peligro de que sea reemplazada por un régimen autoritario, sino animarse a ponerla en cuestión, marcar sus límites y sus tareas pendientes, para así mejorarla, ampliarla y renovarla frente a los ataques y las amenazas que surgen constantemente. Tal como sostiene el historiador Ezequiel Adamovsky, lo peor que podemos hacer es, precisamente, “hacer como si nada pasa”, desconocer los peligros y simplemente esperar a que la tormenta amaine: Frente a la fragilidad de nuestras democracias nada peor que sostener acríticamente la ilusión de un fair play que sólo se sostiene barriendo bajo la alfombra un hecho que, por el contrario, deberíamos debatir con todas las letras. Adamovsky, Ezequiel, “1976-2021: el discreto regreso del negacionismo”, en elDiarioAR, 24/03/2021. Disponible en: Sobre la base de las preocupaciones señaladas, intentaremos aquí esbozar una serie de reflexiones relacionadas con los inconvenientes, problemas o limitantes que advertimos se construyen a consecuencia de sostener eso que denominamos “dogma democrático”. En este sentido, conjeturamos que la defensa acrítica de la democracia realmente existente tiene, al menos, tres grandes consecuencias negativas: en principio, invisibilizar las formas autoritarias que anidan en el mismo régimen democrático; en segundo lugar, caracterizar de forma negativa las prácticas participativas que no se encuadran dentro de los marcos institucionales; y finalmente, dificultar la comprensión de las dinámicas de transición entre distintos regímenes o gobiernos.El autoritarismo democráticoEn primer lugar, el supuesto según el cual democracia y autoritarismo son mutuamente excluyentes queda cada vez más expuesto como una falacia. En los últimos años, con el repentino ascenso de fuerzas políticas calificables como “de derecha” en diferentes partes del mundo, En sus diversas expresiones y con distintos grados de consolidación, podemos mencionar a Trump, Bolsonaro, Abascal, Meloni, Le Pen, Baudet, Orban, Bukele y a cada vez más personajes que van encarnando estas mismas posiciones en cada país. se hizo palpable la posibilidad de que los distintos gobiernos democráticos caigan en manos de figuras autoritarias capaces de implementar medidas que van en contra de algunos de los principios básicos de la democracia. No obstante, cabe señalar que algunas medidas similares han sido iniciadas o desarrolladas por gobiernos de otros signos políticos. Ello debería darnos la pauta de que no se trata sólo de quienes emiten un discurso expresamente antidemocrático, sino de una tendencia que parece estar socavando por dentro nuestra forma de organización política.Giorgio Agamben utilizó el concepto de “estado de excepción” para dar cuenta del modo en que el autoritarismo puede nacer en el seno de las democracias: una medida provisoria y excepcional que suspende el derecho para garantizar su continuidad se convierte en técnica –y aún, paradigma– de gobierno. Se ilumina así un “umbral de indeterminación entre democracia y absolutismo” Agamben, Giorgio, Estado de Excepción. Homo sacer II, 1, Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2004, p. 26. situado en el límite entre política y derecho. Como señala el mismo Agamben, la pandemia de COVID19 fue una clara expresión de este tipo de medidas: los gobiernos suspendieron derechos y garantías individuales amparados en razones sanitarias, pero muchas de estas medidas permanecieron más allá de la emergencia. Agamben, Giorgio, “La epidemia muestra que el estado de excepción se ha convertido en la condición normal”, en Le Monde, 24/03/2020. Disponible en: Si tomamos como caso de estudio a la provincia del Chaco, es posible observar que las medidas gubernamentales tomadas en el marco del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) durante la primera etapa de la referida pandemia instauraron un verdadero Estado Policial que delegó en las fuerzas armadas y de seguridad cada vez más funciones críticas. Esto derivó no sólo en un aumento de la represión operada por los aparatos estatales, sino también en un empoderamiento de las fuerzas (más divisiones, más funciones, más autonomía) que justificó sus acciones legales e ilegales y restringió severamente las libertades individuales, instalando ciertos mecanismos de control social que permanecieron más allá de la emergencia sanitaria. Roman, Maximiliano y Marturet, Fernando, “Represión y control social en el Chaco durante la emergencia sanitaria” (en coautoría con Fernando Marturet). En: Golpear en la herida. La conflictividad social en el Nordeste argentino durante los inicios de la pandemia por covid-19. EUDENE, Corrientes, 2022. pp. 31-44. Disponible en: El empoderamiento policial provocó el surgimiento de líderes políticos forjados al calor de estas medidas y de las disputas internas con el gobierno. “Ataque a los qom en el Chaco: una renuncia para defender la impunidad”, en Página/12, 14/07/2020. Disponible en: Un análisis similar podría replicarse para el caso de aquellos grupos de interés cuyo funcionamiento sólo cumple en apariencia o incluso prescinde de formas democráticas, a pesar de tener gran incidencia en el rumbo que adopta el país, como el poder económico, el poder judicial, los aparatos políticos o la burocracia sindical. La necesidad de democratizar cada vez más ámbitos de nuestra vida social sólo es posible a condición de reconocer que la democracia no es un punto de llegada, sino un ejercicio permanente.Las formas de participaciónOtro efecto notable del dogma democrático es el desconocimiento, subestimación o negación de toda forma de participación popular por fuera de los canales institucionales establecidos. Pareciera como si la democracia se redujera a votar (o ser votado) cada dos años y a soportar estoicamente las consecuencias de ese acto, sin poder realizar de modo legítimo una impugnación de las políticas implementadas por los gobiernos de turno. Este planteo está en la base de las caracterizaciones negativas de quienes intentan “atentar contra la democracia”, siendo considerados desde “desestabilizadores” hasta la trágica figura de “subversivos”.Sin embargo, el análisis de los procesos de movilización social demuestra que constituyen uno de los principales medios de expresión para aquellos sectores sociales históricamente postergados, silenciados como interlocutores válidos, discriminados por la matriz ciudadanizante del Estado. Por ejemplo, durante la primera década del siglo XXI “la generalización de la protesta social, la emergencia y reactivación de movimientos sociales que expresan y nutren la crisis del neoliberalismo y amplían el horizonte democrático en la región”. Cf. Modonesi, Massimo y REBÓN, Julián. Una década en movimiento Luchas populares en América Latina en el amanecer del siglo XXI. CLACSO, Buenos Aires, 2011. P. 9. La movilización popular funciona así como un mecanismo de importancia en la ampliación de derechos en momentos en los cuales las instituciones tradicionales (democráticas o no) carecen de elementos (o de voluntad) para canalizar las demandas, así como un instrumento de control de la ejecución de políticas públicas o manejo del presupuesto oficial.En democracia, el derecho a la protesta debiera ser considerado el primer derecho, sostiene el jurista Roberto Gargarella, porque es “el derecho a tener derechos”; es decir, aquel mecanismo que permite hacer valer ante los funcionarios públicos los derechos incumplidos o vulnerados. Cf. Gargarella, Roberto, Carta abierta sobre la intolerancia, Siglo XXI, Buenos Aires, 2006. En este sentido, la petición a las autoridades que se expresa en la protesta es un derecho constitutivo de la democracia, reinstaura el diálogo entre representantes y representados, hace visible hechos que de otro modo pasarían desapercibidos para el conjunto de la sociedad. Uno de los principales modos de coartar este derecho es el recurso de la criminalización de la protesta en cualquiera de sus formas: se trata de un proceso que presenta diversas aristas, entre las que se cuentan la política, la mediática y la jurídico-represiva, cuyo objetivo general es configurar como delitos a los hechos de protesta y como delincuentes a quienes los protagonizan. De este modo, el conflicto social que se inscribe en el ámbito de lo político es trasladado forzosamente al campo penal, con todas las consecuencias que ello implica. Cf. Korol, Claudia (coord.), Criminalización de la pobreza y de la protesta social, Buenos Aires, El Colectivo, 2009.La criminalización puede provenir de las instituciones estatales, e incluso constituirse en una estrategia de gobierno, Cf. Román, Maximiliano, “La criminalización de la protesta como estrategia de gobierno (Chaco, 2007-2008)”, en ACTAS XXXVII Encuentro de Geohistoria Regional “Problemáticas regionales, fronteras y conflictos”, Posadas (Misiones), UNaM, 2017. Pp. 894-927. pero también puede emerger como una demanda de la ciudadanía o de las instituciones no gubernamentales encargadas de velar por el cumplimiento de los derechos sociales. En esos casos, el argumento principal suele plantear que todas aquellas formas de movilización que no se enmarcan dentro de los canales institucionales de participación “atentan contra el orden social” o bien “desestabilizan la democracia”, cuando en realidad lo que se plantea en la mayor parte de los casos es una ampliación de la misma.La reducción de la democracia al acto del sufragio implica entonces un riesgo fundamental. En parte, porque habilita la criminalización de la protesta, coartando así la posibilidad de dinamizar la institucionalidad política, incorporar nuevos derechos o actuar ante la vulneración de los existentes, silenciando las disidencias. Pero, por otro lado, porque anquilosa el músculo de la participación que es imprescindible para la vida democrática y termina por restringirla a una suma de formas institucionales o a una simple forma de gobierno:La democracia, tal como existió siempre y bajo diferentes regímenes, es menos un orden establecido o una particular forma de gobierno que una práctica incesante e ilimitada que lucha contra los privilegios instituidos en cualquier orden institucional, es decir, un combate por la igualdad. Scavino, Dardo, La era de la desolación. Ética y moral en la Argentina de fin de siglo, Manantial, Buenos Aires, 1999, p. 28.Es urgente retomar una visión ampliada de la democracia que nos permita sacarla de los herrumbrados cajones de las oficinas burocráticas de gobierno y llevarla a la intemperie, insuflarle nuevos sentidos, entenderla como un ejercicio permanente por la ampliación de derechos y como una forma de vida.Dictadura vs. DemocraciaFinalmente, el tercer problema que acarrea el dogma democrático es la simplificación de los procesos de transición entre regímenes democráticos y dictatoriales. Al cosificar la democracia y reducirla a un conjunto de instrumentos legales o constitucionales, perdemos herramientas para comprender las dinámicas y las continuidades presentes en los cambios de época. Suele suceder que se da por supuesto, sin el más mínimo análisis, que nada de lo democrático se prolonga durante las dictaduras, y viceversa, que nada autoritario permanece cuando adviene un régimen constitucional. Entiéndase bien, nada más lejos de intención que avalar las autocracias, justificar sus crímenes o relativizar sus efectos. Por el contrario, considero que hacer foco en las transiciones, analizarlas en sus formas concretas y hasta sus mínimos detalles, nos puede permitir entender las razones que llevan a que gran parte del pueblo apoye formas institucionales que lo perjudican. Asimismo, una comprensión de ese tipo puede hacernos aptos para identificar la permanencia de formas autoritarias sutiles o subrepticias, ocultas bajo un manto de aparente democracia. Algo similar puede pensarse en relación a los cambios en los ciclos políticos al interior mismo de los regímenes democráticos, más allá de los recambios en las estructuras del Estado o en los equipos de gobierno.Los recientes golpes de Estado ocurridos en Paraguay, Brasil o Bolivia –denominados “golpes no tradicionales” o “golpes blandos” por no haber sido encabezados por las fuerzas armadas– se presentan como un claro desafío a las lecturas simplistas de las diferencias entre dictadura y democracia. Las actitudes dubitativas en torno a estos hechos, por parte de gobiernos y medios de prensa de América Latina, demuestran que la imposibilidad de desarmar las categorías propuestas por estas lecturas está ampliamente instalada. Por otro lado, el estudio de casos pone en evidencia que en muchos lugares el cambio de régimen no implicó una renovación de autoridades ni un reconocimiento de los crímenes cometidos durante los estados de excepción. En la provincia del Chaco, por ejemplo, varios miembros de los gobiernos civiles previos continuaron en sus cargos o fueron promovidos a partir de la intervención militar. En algunas localidades del interior provincial, como Charata o Concepción del Bermejo, la dictadura confirmó como intendentes a quienes ya eran funcionarios municipales. En la Universidad Nacional del Nordeste todos los Decanos designados por las autoridades militares eran docentes en ejercicio de sus respectivas unidades académicas. Una de las primeras reuniones que mantuvo el interventor militar fue con representantes de la Unión de Cooperativas Algodoneras (UCAL), organismo que nucleaba a productores de algodón de todo el territorio y pugnaba por sus intereses. Posteriormente, una vez designado el gobernador de facto, conformaría su gabinete con civiles en las áreas de economía y obras públicas. Su acta de designación sería firmada por el entonces obispo de Resistencia. Del mismo modo, hubo casos de militares que ocuparon cargos durante la dictadura y posteriormente fueron elegidos democráticamente para ocupar los mismos o similares cargos en gobiernos constitucionales. Tal es el caso del segundo gobernador de facto, designado en 1981, quien fue posteriormente elegido como intendente de la capital provincial en 1989. El gobernador elegido en 1991 saldría de las filas de su partido. Pratesi, Ana, “La dictadura cívico militar en el Chaco y su herencia”, en Una pasión recorre el Chaco. Malvinas, Nación, dolor, Resistencia (Chaco), Edición: Ana María Attías y Ricardo Daniel Lombardo, 2010, pp. 21-33.A modo de cierreA lo largo de este breve escrito, hemos explorado y cuestionado el "dogma democrático" que a menudo prevalece en nuestras sociedades contemporáneas, proponiendo indagar cómo la defensa acrítica de la democracia realmente existente puede tener consecuencias negativas, especialmente en tres aspectos cruciales.En primer lugar, destacamos lo problemático que puede ser pensar que democracia y autoritarismo son términos mutuamente excluyentes. Por el contrario, mostramos que las democracias pueden erosionarse desde dentro, a través de medidas excepcionales que socavan las libertades individuales y consolidan formas de autoritarismo. La pandemia de COVID-19 fue un ejemplo ilustrativo de cómo las medidas provisionales pueden convertirse en prácticas gubernamentales permanentes que amenazan la democracia.En segundo lugar, examinamos cómo el dogma democrático tiende a reducir la democracia al sufragio electoral y deslegitima las formas de participación popular no institucionales, dando lugar a la criminalización de la protesta. Ante ello, recuperamos la idea de que el derecho a la protesta es esencial en todo régimen democrático para la ampliación de la participación, para la denuncia de violaciones a otros derechos, para dar voz a los sectores históricamente marginados y para controlar la implementación de políticas públicas. Por último, hemos discutido la simplificación de los procesos de transición entre regímenes democráticos y dictatoriales. Sólo un análisis minucioso de las dinámicas y continuidades presentes en los cambios de época permitiría saltar este obstáculo y comprender los cambios políticos más allá de las formas institucionales.En resumen, esperamos con estas reflexiones invitar a repensar la democracia en su forma dinámica, bajo la forma de procesos de democratización que pueden avanzar pero también retroceder. Ello depende de nuestra participación activa y el análisis crítico de los modos en que tradicionalmente pensamos nuestras acciones. Defender la democracia no significa cerrar los ojos ante sus defectos, sino más bien cuestionarla para mejorarla y fortalecerla en un mundo en constante cambio. De esta manera, tal vez sea posible ver la democracia como un ejercicio constante en la búsqueda de la igualdad y la justicia, y no como un dogma inmutable.