leonardo EiffAdmin281762023-09-28T15:51:00Z2023-10-02T13:52:00Z71077872390144LibreOffice/7.3.7.2$Linux_X86_64 LibreOffice_project/30$Build-215.0000 Ecuación y tensionesLa idea de Estado a la luz del laboratorio político latinoamericanoEquation and tensionsThe idea of State in light of the Latin American political laboratoryLeonardo Eiff (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas – Argentina)Recibido el 15 de abril de 2022 – Aceptado el 29 de agosto de 2022ResumenEl artículo propone una reflexión filosófica en torno a la idea de Estado considerando su enraizamiento problemático en las luchas políticas e ideológicas latinoamericanas desplegadas desde comienzos del presente siglo. Para ello, proporcionamos una lectura exegética de un texto crucial para pensar la articulación entre idea estatal y práctica política: “El Estado en América Latina” de René Zavaleta Mercado. Luego indagamos algunos de sus consecuencias teóricas a partir de ciertos ensayos de Álvaro García Linera. Finalmente, desarrollamos una hipótesis de lectura alrededor de los umbrales conceptuales de las nociones societales para abordar el Estado y rastreamos, por último, posibles reconfiguraciones filosófico-políticas sobre la estatalidad. PALABRAS CLAVES: Estado – Revolución – Mediación – Articulación.AbstractThe article proposes a philosophical reflextion on the idea of the Stata, considering its problematic roots in the Latin American political and ideological struggles that have taken place since the beginning of this century. For this, we provide an exegetical reading of a crucial paper to think about the articulation between state idea and political practice: “The State in Latin America” by René Zavaleta Mercado. Then we investigate some of its theoretical consequences bases on certain essays by Álvaro García Linera. Finally, we develop a Reading hypothesis around the conceptual thresholds of societal notions to address the State and, lastly, we trace posible philosophical-political reconfigurations of statehood.KEY WORDS: State – Revolution – Mediation – Articulation. Licenciado en Ciencias Políticas y Doctor en Ciencias Sociales por la UBA, Investigador Adjunto de Conicet y Profesor Adjunto de Teoría política moderna en UNGS. Publicó 4 libros: Filosofía y política existencial Sartre. Merleau-Ponty y los debates argentinos, Buenos Aires, 2011; Merleau-Ponty, filósofo de lo político, Buenos Aires, 2014; Fantasmas de la revolución, Buenos Aires, 2020; El Estado, Colección filosofía de a pie, Buenos Aires, 2020; y una veintena de artículos en revistas especializadas. Su actual proyecto de investigación versa sobre la relación entre estatalidad y espacialidad.IntroducciónEn sus albores la Revolución Rusa imaginó concretar la abolición de la ley. Parte decisiva de la superestructura ideológica de la dominación estatal, el sistema legal comenzaba a perder su razón dentro de un régimen orientado a favorecer relaciones sociales regidas directamente por normas que ya no requerirían el concurso de la mediación legal-estatal. La acelerada igualación de las condiciones sociales propiciaba reciprocidad y transparencia en el trato, o la generalización de la camaradería, la cooperación y la solidaridad de clase, incluidos los vínculos entre hombres y mujeres. En sus conocidas alocuciones en la Universidad de Sverlov, Alexandra Kollontai argumentó que las relaciones maritales no debían estar sujetas a regulación legal. Kollontai, Alexandra, Mujer, economía y sociedad. Catorce conferencias en la Universidad Sverdlov de Leningrado (1921), Buenos Aires, Cien flores, 2014. Kollontai desestimó –como un resabio del pasado– toda tutela jurídica sobre pensiones alimentarias o subsidios de menores, y consideró, además, que el reconocimiento de la paternidad debía ser voluntario. Las críticas libertarias al matrimonio se vieron favorecidas por el clima ideológico que propició el contexto apocalíptico de la guerra civil. La alta moral revolucionaria, la desaparición del dinero, la organización a gran escala de comedores populares, conspiraron para que muchos y muchas creyeran posible acelerar la extinción de la familia y de las leyes que la regulaban. Kollontai alentaba el amor fraterno y la camaradería como reversos del hipócrita matrimonio burgués y de las penurias del matrimonio obrero que combinaban esclavitud asalariada y esclavitud doméstica del trabajo feminizado no pago. En suma, Kollontai recelaba de cualquier codificación del matrimonio, porque, en primer lugar, ofendía su conciencia socialista, y porque, en segundo lugar, demoraba una de las tareas primordiales de la sociedad socialista en construcción: socavar el modelo familiar pequeño burgués, que hacía de la pareja una unidad económica individual e incitaba a las jóvenes a buscar marido en lugar de desarrollar su personalidad. Sin embargo, los protagonistas de la revolución, a pesar de la linealidad de su argumentación, dejan traslucir la lógica aporética subyacente en su reflexión. En un libro muy sugestivo, Goldman, Wendy, La mujer, el Estado y la Revolución. Política familiar y vida social soviéticas 1917-1936, Buenos Aires, IPS, 2010. la investigadora Wendy Goldman rastrea pormenorizadamente lo que podríamos llamar –oteando su atmosfera kafkiana– las paradojas de la ley en contextos de transformación social. Concretamente: el no registro del matrimonio y las facilidades extendidas para divorciarse, medidas concebidas, junto el derecho al aborto, para mejorar la posición de la mujer en la sociedad, terminaron concitando una desprotección colosal para mujeres y niños en el seno de una sociedad empobrecida y de un Estado incapaz de responder materialmente. Las mujeres se percibían de nuevo entrampadas entre el trabajo y la crianza. Por otra parte, razona Goldman, el tema del divorcio no sólo tenía una dimensión de género, sino también de clase […] la masa de las mujeres trabajadoras soviéticas de la década de 1920 tenía actitudes, oportunidades y perspectivas muy distintas. Muchas de las mujeres eran madres sin capacitación laboral y analfabetas. Para ellas, el matrimonio representaba a menudo una forma de seguridad y supervivencia. Ibíd., p. 112.Diferencias de clase y geográficas, pues en el campo la concepción colectiva y patriarcal de la familia dificultaba enormemente no sólo el divorcio sino la individualización de un sujeto de imputación. En síntesis, y mucho antes de la resolución “conservadora” promovida por el stalinismo –un familiarismo natalista que prohibió el divorcio y el aborto–, las elites soviéticas tuvieron que explorar razones para tutelar jurídicamente las relaciones familiares, incluso a demanda de los grupos que, a priori, eran los principales beneficiarios de la abolición del matrimonio burgués. De esta forma, nos topamos con dos de las conclusiones célebremente alcanzadas por Weber: la primera, más conocida, refiere a la inevitabilidad de la organización burocrática y procedimental de las sociedades modernas más allá de cuál sea su régimen de producción y distribución; la segunda, ciertamente menos afamada, denota el ineludible momento emocional de la justicia, que ansía, al compás del generalizado trastocamiento de las relaciones sociales, suscitados por la ruptura revolucionaria, suprimir, en su hora profética, por injustos, los abstractos mecanismos racionalizadores del derecho. Y sin embargo, el núcleo racional de la emoción, acicateado por el carisma de los revolucionarios, provenía de la crítica de Marx, cuya potencia fue calibrada sagazmente por Kojève: la autoridad imparcial del Juez es demolida cuando Marx nos descubre que toda justicia es justicia de clase. Kojève añade: “la violencia de la polémica engendrada por esta interpretación marxista es un indicio a favor de su verdad”. Kojève, Alexandre, La notion de l’autorité, París, Gallimard, 2004, p. 155. Tras ello, tras el colapso de la autoridad, la política es un soliloquio entre el Jefe y la Historia. El libro de Goldman aborda –lateramente, porque su objetivo investigativo primordial es la relación entre feminismo y revolución social– el tema crucial de la producción de normas en tanto técnica de organización social. ¿Pero cuáles normas: las sociales, que presuponen cooperación y fraternidad, y un reverso de sanción moral (desaprobación, murmuración) o las jurídicas, que presuponen, en cambio, el correspondiente aparato coactivo de respaldo? Añadimos a la pregunta dos puntos nodales que también se desprenden del libro: por un lado, Goldman rastrea el intrincado entramado entre las leyes y las prácticas, cuya desarticulación dista de ser indudable y, por el otro lado, estudia un laboratorio discursivo que se propone, como horizonte, acabar con el sistema estatal-legal como instancia dominante de regulación social. En ese contexto, jerarquizamos dos polémicas: una, de orden teórico, y otra, de orden práctico. La primera estriba en preguntas, o más bien perplejidades, que la autora resume: ¿Qué era la ley? ¿Era un instrumento que promovía y protegía los intereses de la clase que se hallaba en el poder, sea la aristocracia, la burguesía o hasta el proletariado? ¿Era una expresión cambiante de los intereses de clase en pugna, el reflejo de las luchas y conquista populares? ¿O era la ley en sí el producto del capitalismo y las relaciones de mercancías? ¿La ley soviética era socialista? Si no era socialista, ¿era proletaria? ¿O era simplemente un legado de la era burguesa que seguía siendo indispensable en el momento actual?” Goldman, Wendy, op. cit., p. 196.La resolución, como la verdad según el materialismo, sólo puede ser práctica. Se trataba de dirimir si la práctica social ya había superado los requisitos procedimentales de la ley, es decir, si la creciente simplificación no contradictoria de las relaciones sociales habilitaba un proceso de extinción de la legalidad-formal, mediante la continua poda del matorral legal burgués heredado, hasta que la ley misma se volviera superflua; En este sentido, Evgeni Pasûkanis, cuyo libro Teoría general del derecho y el marxismo (Barcelona, Labor, 1976) constituyó el primer intento de teorizar el derecho desde el marxismo, consideró que las regulaciones jurídicas irían pereciendo junto a las categorías de valor, capital o beneficio. El del derecho es un debate particular del problema general de la transición, con otros capítulos destacables como las controversias sobre la existencia de una cultura proletaria, el uso socialistas de los especialistas burguesas, la vigencia de la ley del valor: ¿qué aspectos del mundo burgués deben continuar tras la ruptura revolucionaria, cuáles, incluso, merecen continuar y cuáles continúan porque no hay alternativa? Dilemas propios de un Estado burgués sin burguesía. Lenin, Vladimir, El Estado y la Revolución, Buenos Aires, Siglo, XXI, 2000, p. 85. o, por el contrario, si la práctica jurídica seguía ejerciendo, en tanto práctica social específica, un rol moldeador, incluso educativo, de la argamasa social. El jurista Prigradov-Kudrin preguntó: ¿Cómo podía el Estado, ante la ausencia de procedimientos civiles o religiosos, reconocer y definir un matrimonio? De otro modo: ¿Cómo reconocer un matrimonio, dada la eliminación de la forma que verifica su presencia? Cf. Goldman, Wendy, op. cit., p. 187. Los tribunales revolucionarios de la Cheka encontraron una salida ante una similar carencia de parámetros legales para circunscribir una conducta delictiva contrarrevolucionaria: el contenido de clase objetivo de la acción. Era indudable, sin embargo, que no podía extenderse el contenido de clase del Estado más allá del aparato represivo organizado para defenderlo de la contrarrevolución. Como vimos con el ejemplo de las relaciones de género, familia y matrimonio, la construcción del socialismo exigía dar con una forma política capaz de universalizar normas legítimas. En consecuencia, no tiene mayor relevancia práctica –aunque sí ideológica– la posibilidad existencial de un derecho socialista, o la posibilidad contraria: un derecho siempre burgués pero usufructuable de modo consciente en el período de transición; porque lo decisivo es la relación sustancial entre el poder del Estado y la autoridad del derecho, o el carácter representativo-formal-universal que circunscribe el nexo entre Estado y sociedad. En la investigación de Goldman leemos cómo ciertos juristas soviéticos persiguieron esa meta: el consenso iuris. La estabilización legal de los cuerpos políticos. Por supuesto que la ocasión misma de determinar sanciones y penas máximas a partir de criterios de clase abona, con sangre, el terreno –no así la postura libertaria de Kollontai que reenvía a la siempre ambivalente relación entre emancipación y protección–, parafraseando a Arendt, para la fantástica inversión totalitaria, que, en lugar de instituir leyes para permitir el libre movimiento de individuos y grupos, estabiliza a individuos o grupos para liberar las leyes que rigen el movimiento de la Historia.Comenzamos con un desvío histórico para no solo introducir, subrepticiamente, el motivo de este artículo, que no es restañar la pertinencia y vigencia de los debates históricos, filosóficos y políticos que atesora ese acontecimiento sin precedentes que fue la Revolución rusa y el régimen soviético que la sucedió, sino para darle calado histórico a las relaciones polisémicas entre las izquierdas revolucionarias y el Estado. Así, el artículo propondrá dos recorridos imbricados: en primer lugar resaltar la singularidad de la forma Estado y, en segundo, calibrar esa singularidad en el instante concreto del acceso al poder de Estado de grupos políticos o bloques populares con afán transformador. Se trata de una singularidad problemática, porque, como escribe Theda Skocpol, las teorías marxistas del Estado, “han mantenido unos supuestos, profundamente arraigados, centrados en la sociedad, lo cual no les ha permitido dudar de que, en la base, los Estados están configurados intrínsicamente por las clases o las luchas de clases y sirven para mantener y ampliar los modos de producción”. Skocpol, Theda, Bringing the State back in strategies of analysis in current research, Cambridge, Cambridge University Press, 1985, p. 7. Un ejemplo, entre cientos, del sesgo aludido por Skocpol: “las preguntas sobre la naturaleza del Estado deben dirigirse en primer lugar a determinar cuáles son las bases socialesde su sustentación”. Cardoso, Henrique y Faletto, Enzo, Dependencia y desarrollo en América Latina, México, Siglo XXI, 1978, p. 204. Pero, por otra parte, la creciente complejización de las sociedades modernas o las particularidades de ciertas zonas de la periferia capitalista, atizó modelos de acción política, mentados como hegemónicos, que intentaban traducir la activación popular en la esfera estatal, concibiendo al Estado como un campo privilegiado de disputa por la transformación social. En este sentido, en las páginas que siguen desmenuzaremos las consecuencias filosófico-políticas del que creemos es el texto que mejor abordó, para Latinoamérica, esa singularidad problemática: “El Estado en América Latina” de René Zavaleta Mercado. Zavaleta Mercado, Rene, “El Estado en América Latina” en Tapia, Luis (ed.), La autodeterminación de las masas, México, Siglo XXI, 2015, pp. 321-356. Casi, diremos, que reflexionaremos centralmente sobre la frase políticamente medular del escrito: “es arbitrario sostener que todo momento estatal es reaccionario, tanto como suponer que toda determinación popular es progresista. Por el contrario, en determinadas instancias la única forma de unidad de lo popular es lo estatal”. Ibíd., p. 335.Como podrá apreciarse, el ensayo de Zavaleta Mercado, escrito a comienzos de los 80 en un clima intelectual latinoamericano que viraba de la revolución a la democracia bajo la extendida sombra de los cuadernos carcelarios de Gramsci, Véase, como referencia ineludible, el seminario de Morelia realizado en 1980. De Campos, Julio (ed.), Hegemonía y alternativas políticas en América Latina, México, Siglo XXI, 1985. tuvo una renovada repercusión a comienzos de nuestro siglo, cuando el viraje anterior ya había sido consumado y, en “clave democrática”, reaparecieron, de diversos modos claro está, formas de aglutinación de “lo popular” y “lo estatal”, ahora bajo la sombra de los escritos y la práctica política de Álvaro García Linera. Reaparecía, sin duda, en sus rasgos polemológicos, como una frontera que separó a las izquierdas del continente, aunque acarreaba amplios consensos latentes, que remitían al texto de Zavaleta y al legado de los marxismos latinoamericanos. Esto es: el Estado como relación social, espacio de lucha y disputa, vector de hegemonía ideológica. Perspectiva, argüimos, compartida por esa zona del pensar –que pliega teoría política y teoría de la subjetivación– y que subyace, motorizando, sus diferencias en torno a la “caracterización” de los nuevos gobiernos surgentes de la crisis del “paradigma neoliberal”. ¿Cuál diferencia? De un lado, quienes apoyaban o formaban parte de los gobiernos populares postneoliberales, destacaban la ruptura y la renovada centralidad del Estado en nueva síntesis con lo popular,del otro lado, quienes denunciaban el consenso extractivista de los commodities, criticaban la elitización política y señalaban los hilos de continuidad con el denostado período neoliberal. La diferencia, entonces, radicaba menos en la conceptualización teórica, in abstracto, del Estado que en la plasticidad admitida para la estatalidad dentro de una estrategia global de transformación social. El consenso persiste alrededor del vector de transformación: la activación de un movimiento social de masas, cuyos contornos no son a priori objetivables. La diferencia, de nuevo, irrumpe en la construcción política del objetivo, en la faceta estrictamente de poder, o en la relación “leninista” entre táctica y estrategia: unos consideran que sin ocupar la esfera estatal las luchas permanecen en un nivel micro, desagregado, incapaz de afectar al conjunto, o al “poder real”, como reza la vulgata periodística; los otros consideran que privilegiar la táctica de ocupar el Estado trastoca el objetivo primordial, verticaliza relaciones antes igualitarias, y arroja la “política desde abajo” a lo social pre-político, o institucionaliza “lo popular” como mera demanda de política pública. En suma, nuestro artículo intentará una elaboración filosófico-política a partir de polémicas de índole teórico-práctica, cuya pregunta nodal es, o sigue siendo, la siguiente: ¿el régimen perceptivo-afectivo de las izquierdas es compatible con el universalismo político-estatal?Pues bien, con este debate aún vigente entre nosotros y con el derruido orbe soviético en el espejo retrovisor, cristal iniciático para nuestro texto, indagaremos los resortes conceptuales del decisivo ensayo de Zavaleta Mercado para preguntarnos si, como afirman sin ambages Abad y Amador, “las instituciones políticas tienen un plus no hegemonizable, un punto de consistencia y discursividad no susceptible de ser reducido a la subjetividad contemporánea ni a subjetividad alguna”, Abad, Sebastián y Amador, Esteban, “Una hipótesis de trabajo sobre la filosofía política argentina” en Ideas. Revista de filosofía moderna y contemporánea, N° 14, 2021, p. 18. o, como escribe Andrés Tzeiman, interpretando las tesis de Zavaleta Mercado en consonancia con las posiciones de García Linera: “la vitalidad de la sociedad es un aspecto fundamental e irremplazable de cualquier proyecto de transformación social, sin el cual no hay tránsito hacia el Estado que sea viable ni proyecto en el Estado que resulte deseable”. Tzeiman, Andrés, La fobia al Estado, Buenos Aires, Clasco, 2021, p. 123. Por último, la conjugación del largo momento crepuscular del Estado con una expectativa de transformación socialista, cuyo arribo se aguarda para las calendas griegas, les da a los argumentos contrapuestos una politicidad tan incierta como sugestiva. Y es esa agua pantanosa la que deberá vadear nuestra hipótesis de lectura.Entre la apariencia y la anomalía Comencemos por el final. Zavaleta Mercado suministra, en las conclusiones de su largo artículo “El Estado en América Latina”, cuatro modelos ilustrativos de las relaciones entre Estado y sociedad en América latina: Chile, Argentina, México y Cuba. Un esbozo tipológico, próximo a los esquemas de la sociología histórica, el institucionalismo histórico, aunque decisivamente abastecido por el gramscismo, que desagrega primacías y ambigüedades. En Chile prima el Estado sobre la sociedad, en la Argentina sucede lo inverso. La insigne institucionalidad chilena expresa la autonomización del Estado en el contexto de una sociedad conservadora o con escasa democratización social. El golpe de Estado en 1973 reforzó tal dominancia frente a las amenazas de la sociedad. De hecho, la debilidad de la experiencia de la Unidad popular radicó en su nulo tratamiento de la particular aglutinación chilena; confundió autonomía relativa con neutralidad estatal y pagó las consecuencias. La Argentina, al contrario, es una sociedad que desborda a su Estado. Validando las tesis preponderantes de las ciencias sociales del período, Zavaleta Mercado describe la anomalía entre el dinamismo democrático –inmanentista– y un Estado cooptado por grupos de interés que le impiden consolidar su misión: estabilizar una forma política en el marco de la sociedad de masas. Aun así, o a pesar de ser casos subóptimos, Chile y Argentina lograron demarcar la frontera moderna entre Estado y sociedad. México, en cambio, no pudo compactar la porosidad de esa misma frontera; por tanto su dinamismo político es oscilante. Hay coyunturas donde prima lo social (juarismo, revolución mexicana) y coyunturas donde priman las elites estatales (Porfiriato, revolución institucionalizada por el PRI). Es la paradójica combinación entre los orígenes populares y revolucionarios de un régimen, que acumula legitimidad estatal incorporando fuerzas sociales contradictorias en una amalgama cuya preservación sólo es posible a condición de inmovilizar el cambio, reprimiendo cualquier innovación o movilización “desde abajo” –de allí la proliferación de metáforas presuntamente descriptivas del proceso: revolución “congelada”, “interrumpida”, “detenida”–. Cf. Gilly, Adolfo, La revolución interrumpida, México, Era, 1972. Por último, la Cuba prerrevolucionaria es sinónimo de no sociedad y no Estado. Contradicciones sociales que raudamente se tornan bélicas y un “Estado” exógeno, ilusorio, obligaron a la Revolución del 59 a realizar la doble tarea de organizar la sociedad y el Estado. No hay fronteras ni primacías, sino una práctica instituyente, soldadura de lo político y lo económico, en un contexto hostil, que fusiona Estado y sociedad. El siglo XX elaboró un concepto que describe tal situación, pero Zavaleta Mercado no puede recurrir a él sin salirse del horizonte marxista de comprensión; aun así, su perspectiva matricial logra esclarecer las razones históricas que forjaron un régimen político tan singular. Los cuatro ejemplos delinean dos aspectos medulares. Por un lado, aquello que Aricó llamó la unidad problemática de América latina, Cf. Aricó, José, La hipótesis de Justo, Buenos Aires, Sudamericana, 1999, p. 18. y Zavaleta Mercado concibe como heterogeneidad o abigarramiento –recordemos que el tema del artículo es el Estado en América latina–, cuya explicitación, por el otro lado, proviene de la diversidad de los momentos constitutivos o matriciales. Parafraseando a Barrington Moore, los orígenes sociales de la dictadura y la democracia en América latina reenvían a ensamblajes productivos (la plantación, la hacienda o la estancia) que favorecen o desfavorecen la aparición y consolidación de la ciudadanía. Zavaleta Mercado llama forma primordial a esa situación constituyente. Y alude al metabolismo entre excedente económico y apropiación estatal. La construcción de ciudadanía (en las tres etapas que indagó clásicamente Marshall en Ciudadanía y clase social) Cf. Marshall, Thomas, Ciudadanía y clase social, Madrid, Alianza, 1986. o de hegemonía –en el sentido, por supuesto, gramsciano de Estado ampliado, que incorpora la noción de ciudadanía matizando la férrea distinción entre público/privado– debe vincularse a la disposición estatal-social del excedente. Esto es: “el excedente viabiliza la edificación de las mediaciones”. Zavaleta Mercado, René, op.cit., p. 340. La eficacia estatal –la producción y estabilización de un orden– comienza, y deriva a su vez, de la retención del excedente. Sabemos, añade el autor, que “en América latina es casi una norma la débil capacidad de retención del excedente”. Ibíd., p. 341. Situación explicitada como heterogeneidad, cuya historicidad permite mensurar la presencia o no del populismo, la perdurabilidad de esquemas productivos precapitalistas, lazos sociales homogéneos o abigarrados, la consolidación de Estados aparentes (aquellos dominados por el grupo social que retiene el excedente y solo ilusoriamente produce universalidad estatal) o de Estados que admiten una red enmarañada de mediaciones con la sociedad. En fin, así como la sociología reveló la heterogeneidad estructural de las sociedades latinoamericanas que, por un lado, impedía aunar clases sociales y posiciones de clase y, por el otro lado, explicitaba la potencia del momento nacional-popular; Zavaleta Mercado esgrime una sociología del Estado a partir del carácter aleatorio del análisis estatal. Contra los esfuerzos analíticos de textos como los de O’Donnell (Apuntes para una teoría del Estado) o Lechner (La crisis del Estado en América latina), O’Donnell, Guillermo, “Apuntes para una teoría del Estado” en Catacumbas, Buenos, Aires, Prometeo, 2008; Lechner, Norberto, “El Estado en América Latina” en Obras escogidas 1, Santiago de Chile, LOM, 2006. Zavaleta Mercado considera que el Estado es impensable fuera de la situación concreta. Se trata de una enseñanza, extraída del laboratorio marxista latinoamericano, que desafía la indagación filosófico-política del Estado. Veamos cómo arriba a esa conclusión.¿Es posible una filosofía política del Estado? O, empleando la lengua conceptual marxiana: ¿es posible contornear teóricamente al Estado como hizo Marx con el modo de producción capitalista, es decir, asirlo en un nivel similar de legalidad y regularidad? Apelando a la clásica distinción de procedencia aristotélica entre teoría y práctica, Zavaleta Mercado, sin renegar de la correspondencia –pues implicaría salir de la koiné marxista– esquiva las soluciones “deterministas”. Es la nueva aduana del saber para cualquier buen marxista (léase no stalinista): abonar a la constitución de un marxismo no determinista. El determinismo, o economicismo, era la bête noire, el arma principal con la que se pretendió desde siempre invalidar al marxismo in toto y de la que abusaban los propios marxistas para impugnarse mutuamente. Pensar el Estado es pensar una imbricación de carácter no directamente determinado por la lógica del Capital. ¿Cómo? Zavaleta Mercadoinquiere: reconociendo la temporalidad originaria de la Überbau (superestructura), o, admitiendo, sin ambages, la autonomía de lo político. Poulantzas escribió: “es cierto que no se encuentra en los clásicos del marxismo una teoría general del Estado, pero no, simplemente, porque no hayan podido o sabido, por tales o cuales razones, desarrollar con plenitud una teoría semejante, sino porque no puede haber una teoría general del Estado”. Poulantzas, Nicos, Estado, Poder y socialismo, México, Siglo XXI, 1979, p. 16. Esto es: el campo de la producción material implica la reproducción ampliada a nivel sistémico; en cambio, la reproducción en la superestructura debe prepararse a través del trabajo político de los aparatos, las mediaciones sociales, las ideologías. Ese trabajo es la cualidad del Estado, aquello que lo convierte en una máquina especial y que, a su vez, impide concebirlo según la ley de la necesidad, pues se trata del arduo trajinar de la praxis a merced de los vaivenes de la historia. Hay allí, según Zavaleta Mercado, una doble tendencia, cuya configuración está sobredeterminada: hacia la universalización del modo de producción y hacia la particularización coyuntural de los tipos de Estado. Desconocerlo puede conducir “a una suerte de supresión conceptual de la autonomía de lo político”. Zavaleta Mercado, René, op. cit., p. 326. Por lo tanto: “hay que definir las fases de determinación lineal de la infraestructura económica sobre lo superestructural y los momentos (que son netos cuando existen) de primacía de lo político. Esto no habla de una cuestión de leyes, sino de situaciones”. Ibíd., p. 327. La consecuencia es el estudio singularizado del Estado, porque el Estado produce, ante todo, estatalidad, “espíritu” y “materia” estatal. La hipótesis principal, en este estadio de la argumentación de Zavaleta Mercado, es la siguiente: los evidentes problemas teóricos que presenta la doctrina marxista del Estado se deben, prima facie, a una confusión entre niveles analíticos. El abordaje del Estado exige el uso de la razón práctica, que, en la tradición marxiana, supone una lectura correcta de las relaciones de fuerza en una coyuntura dada. Con este andamiaje interviene Zavaleta Mercado en el debate entre “instrumentalistas” y “estructuralistas”, se desmarca del abordaje althusseriano y formula sus presupuestos conceptuales para el análisis concreto de la situación concreta.En primer lugar, los conocidos debates marxistas en torno al Estado responden menos a marcos metodológicos divergentes que a fases del dominio estatal en un período histórico dado. Véase Tarcus, Horacio (ed.), El debate Miliband / Poulantzas, Buenos Aires, Imago Mundi, 1991; Thwaites Rey, Mabel (ed.), Marxismo y Estado. Un siglo y medio de debates, Buenos Aires, Prometeo, 2008; Bonnet, Alberto y Pavia, Adrián (eds.), Estado y Capital. El debate alemán sobre la derivación del Estado, Buenos Aires, Herramienta, 2017; Jessop, Bob, El Estado. Pasado, presente, futuro, Bernal-Buenos Aires, UNQUI – Prometeo, 2019. Los enfoques “instrumentalistas” o “estructuralistas” absolutizan una faceta de la estatalidad. En América latina, razona Zavaleta Mercado, sabemos que el Estado puede ser instrumento de la clase dominante y puede, también, operar estructuralmente mediante una administración legal burocrática. De hecho: “la visión estructuralista del Estado es así lo más parecido a una dominación legal”. Zavaleta Mercado, René, op. cit., p. 330. En segundo lugar, la proximidad percibida en relación con las tesis althusserianas de la contradicción sobredeterminada y la reproducción, queda trunca por la crítica al eurocentrismo de los Aparatos Ideológicos de Estado, pues son “una derivación indebida del análisis institucional francés a todos los Estados”. Ibíd., p. 334.Althusser sitúa a la Educación como momento específicamente político-ideológico de la reproducción, que reenvía no solo a la sociología de Bourdieu –quien suministra la evidencia empírica de la que carecen los materialistas sin material– sino que, además, confiesa el universalismo ingenuo del normalien. Zavaleta Mercado, sin embargo, enfatiza su crítica en un plano inmediatamente político destacando los cambios de rol de los aparatos organizativos institucionalizados. Da el ejemplo de los sindicatos peronistas. Fueron un estelar aparato ideológico de Estado durante el peronismo clásico, para luego, tras 1955, virar hacia órganos de resistencia popular frente al Estado. La plasticidad histórica de la situación latinoamericana impide enarbolar conceptos macizos –estructura, aparatos de Estado–, aunque Zavaleta Mercado recurre a menudo al acervo gramsciano, cuyo batería conceptual no es menos maciza –bloque histórico, hegemonía, orgánico–; pero se trata de un Gramsci latinoamericanizado, historicista y mito-poético, lanzado contra la proliferación de nociones de procedencia psicoanalítica, como cesura o discontinuidad del sentido, de mayor cientificidad y menor heroísmo (sin desconocer que el nudo entre Gramsci y Althusser, a partir de la cambiante lectura que propone el francés de los Quaderni del carcere, condensa la ilación entre marxismo y política, y anticipa la veta postmarxista).En segundo lugar, Zavaleta Mercado advierte que en vastas regiones de Latinoamérica rige un “Estado aparente”, que no consumó la separación moderna entre Estado y sociedad, en el que son inocuas, por tanto, figuras como “autonomía relativa”, “hegemonía”, “aparato ideológico”, “dominación legal”, y no lo es una figura rancia y determinista como “instrumento”. En otras zonas se advierte una separación anómala, como vimos con los ejemplos de los cuatro países, entre Estado y sociedad. Anómala quiere decir desequilibrada, como la estructura económica desequilibrada, enarbolada por los economistas cepalinos y los teóricos de la dependencia. En tercer y último lugar, la apariencia, anomalía o desequilibrio, atesoran, al mismo tiempo, fluidez coyuntural y trabazón política. A esa conjunción, una suerte de no todo absolutamente estructurado, Zavaleta Mercado la bautiza ecuación. Es un engarce, una imbricación singular, que habilita una comprensión no generalizable de las relaciones entre Estado y sociedad, permitiendo localizar las fisuras que definen cada tiempo presente. La ecuación es irreductible y articulada: “por sistema social o ecuación entendemos entonces el modo de entrecruzamiento entre la sociedad civil, las mediaciones y el momento político estatal (…) lo decisivo en todo caso es retener el carácter móvil, cambiable y aleatorio de las instancias”. Ibídem. Vemos cómo Zavaleta Mercado está imbuido de la lengua estructuralista; sin embargo, prefiere concebir la fórmula de la ecuación en sintonía con el gramsciano Estado ampliado: la interpenetración entre Estado y sociedad. La figura de ecuación procura retener la historicidad procesual con el rasgo mudable y aleatorio de las mediaciones. Así, alcanzamos el punto crucial, que confirma, por un lado, la imposibilidad de una teoría general sobre el Estado –idéntica a la teoría marxiana que describe la lógica del Capital–, y, por el otro, la singularidad latinoamericana, que se ofrece para contrarrestar las aspiraciones universalistas, apenas veladamente eurocéntricas, de los marxismos domiciliados en la rive gauche. Hay ecuaciones en las que la sociedad civil es más potente que el Estado y otras en las que el Estado es dominante respecto a la sociedad. En el campo de lo político no acontece la subsunción real a una forma específica, más bien lo político discurre entre los polos, cuya dinámica está sujeta a la contingencia, del conflicto y el orden. Por eso, “es arbitrario sostener que todo momento estatal es reaccionario, tanto como suponer que toda determinación popular es progresista. Por el contrario, en determinadas instancias la única forma de unidad de lo popular es lo estatal”. Ibíd., p. 335. La arbitrariedad proviene de congelar la ecuación Estado-dominación de clase; en cambio, la primacía de las instancias, o de la coyuntura, traduce a lenguaje reflexivo una de las habituales posiciones políticas de las izquierdas marxistas frente a la pregnancia de la hipótesis nacional-popular en el siglo XX –y en los comienzos del XXI latinoamericano–. Una traducción que, como sabemos, conduce a otra: la polivalencia del sujeto de transformación. Ahora bien, si preguntáramos quién articula la ecuación o qué produce la singularidad de la articulación, incluidos los momentos constitutivos o la forma primordial, la respuesta es el resultado de la lucha de clases. No hay ontología del discurso, ni hegemonía sin última instancia, puesto que la ecuación, en su peculiar combinación de historicidad y azar, “es obra de hombres materialmente determinados”. Ibídem. La multivalencia de los factores sociales, la temporalidad heterogénea de la política (la esfera estatal puede obturar o propiciar la transformación social), produce una apariencia de independencia de lo político-estatal, derivado de la indeterminación coyuntural; no obstante, el Estado gana realidad cuando auscultamos su inscripción en las relaciones de producción: “El Estado es un elemento esencial de las relaciones de producción; en realidad, es un resultado en la política de las relaciones de producción”. Zavaleta Mercado, René, “Las formaciones aparentes en Marx” en Tapia Luis (ed.), op. cit., p. 91. La ecuación es un ramillete de articulaciones, cuya desagregación revela la primacía de las relaciones de producción sobre las fuerzas productivas y la de la simultaneidad Estado-lucha de clases sobre el eje Estado-dominación. Anudamiento que singulariza la indeterminación política y la determinación económica. Se trata, en fin, de leer políticamente, antes que económicamente, la lucha de clases, y de concebir al Estado como espacio en disputa: efecto fisonómico de un desenlace aleatorio –“depende” de las luchas– antes que de una concepción teórica ex ante. Y sin embargo, la acción autónoma de actores configurados por la trabazón política antes que por su posición objetiva en lo social requiere de las precisiones didascálicas del marxismo. Por ejemplo, la siguiente frase de Humanismo y terror: “el marxismo es la idea de que la historia tiene sentido”, Merleau Ponty, Maurice, Humanisme et terreur, París, Gallimard, 1947, p. 236. o la letanía de Oscar Masotta: “Es necesario que la historia tenga sentido para poder imaginar la posibilidad de actuar sobre ella”. Masotta, Oscar, “Sur o el antiperonismo colonialista” en Conciencia y Estructura, Buenos Aires, Eterna Cadencia, 2010, p. 138. Los ejemplos no destilan una ironía astringente, pretenden, en cambio, módicamente, resaltar lo obvio: el núcleo ontológico habilitante de las posibilidades ónticas de la acción marxista.En las últimas décadas los ensayos e intervenciones de Álvaro García Linera han prolongado y, sobre todo, politizado, la fórmula conceptual de la ecuación y de la mutabilidad del Estado en relación con el proceso de transformación social iniciado por movimientos sociales en liza con el mentado neoliberalismo. Proponemos glosar brevemente las reflexiones actualizadas de Linera sobre el Estado en América latina, para luego proceder a presentar nuestros interrogantes frente a la hipótesis del Estado como relación social articulada en una ecuación que entrecruza materialidad capitalista y autonomía política.Las reflexiones de Álvaro García Linera proporcionan una sociología marxista del Estado y una justificación, teóricamente informada, práctica del gobierno boliviano desde 2006. García Linera, Álvaro, La potencia plebeya, Bogotá, El siglo del hombre, 2009; Posneoliberalismo. Tensiones y complejidades, Buenos Aires, Clasco, 2020; ¿Qué es una Revolución?, Buenos Aires, Clasco, 2020. Para una interpretación de estos textos de Linera divergente de la nuestra, pero sobre todo para que el lector pueda apreciar en qué tipo de textos y discusiones pensamos para elaborar nuestro artículo, véase Catanzaro, Gisela, “¿La democracia contra el Estado? Un dialogo imaginado desde Latinoamérica en Leviatán Cuadernos de Investigación Política, n° 10, 2015, pp. 80-114. Linera emprende una morigeración de la contradicción absolutizadora entre el Estado como maquinaria de dominación y el Estado como espacio legítimo de lucha y avance popular. Para ello, en el plano teórico, Linera rechaza toda concepción instrumentalista y añade un ápice a la ya consolida tradición marxiana que concibe al Estado de modo relacional. Vale recordar, en este sentido, la emblemática formulación poulantziana: el Estado capitalista es una “condensación material de una relación de fuerzas entre clases y fracciones de clase, tal como se expresa, siempre de forma específica, en el seno del Estado”. Poulantzas, Nicos, op. cit., p. 154. La condensación material, por supuesto, remite al proceso histórico de monopolización de recursos coactivos, económicos y simbólicos. A la conjunción entre aparato e idea, que no es unidireccional. Esto es: que los dominados también hacen algo con el Estado. Por ello, la forma-Estado solo es iluminable desde la especificidad resultante de la lucha política. Para Linera los sectores subalternos no son autónomos respecto al Estado; viven la experiencia estatal como dominación, pero también receptan el rasgo “utópico” del Estado: lo común. Comunidad ilusoria cuando es mera interpelación ideológica, puede, sin embargo, devenir puente de plata emancipador, enraizado en las subjetividades populares a partir de una renovación de la tesis de la transición al socialismo mediante la conquista popular del Estado, y, sobre todo, del fortalecimiento del universalismo estatal. En 1928, Raúl Haya de la Torre escribió un breve texto “El Estado antiimperialista” –parte de su ensayo mayor El antiimperialismo y el APRA–, que anticipa los rasgos primordiales de la hipótesis de Linera, y la de todas las izquierdas populares latinoamericanas abiertas a usos díscolos del Estado. Allí Haya, haciendo pie en la experiencia de la Revolución mexicana, teoriza un Estado antiimperialista, resultado de un triunfo popular que trama un bloque político, una voluntad nacional-popular sintetizadora de diferentes clases, que es, ante todo, un instrumento de defensa contra el imperialismo. El Estado dirige la economía, forja un capitalismo de Estado. Especula Haya: “El Estado antiimperialista desarrollará el capitalismo de Estado como sistema de transición hacia una nueva organización social”. Haya de la Torre, Raúl, “El Estado antimperialista” en El antimperialismo y el Apra, Lima, Ediciones del Congreso peruano, 2010, pp. 195-207. El Estado y el capitalismo se desarrollan no para ser salvados –de la anarquía mercantil o de la guerra– sino para no apresurar su derrota; es decir, para garantizar históricamente su abolición. En un discurso, a comienzos de los 30, Stalin lo verbalizó con talante dialéctico: el Estado se abolirá mediante su fortalecimiento. Pues bien, Linera no es ajeno a la metanoia de la contradicción dialéctica; claro que con pertinentes actualizaciones bibliográficas. Por eso escribe: De momento, y seguramente por muchos decenios hasta que la humanidad invente otras estructuras y a los seres humanos capaces de crearlas y sostenerlas, que administren lo universal, lo general, lo comunitario-universal, será a través del Estado, de sus funciones de gestión socializada, que los pueblos puedan expandir territorialmente la comunitarización del uso de lo común y la universalización de la satisfacción de las necesidades humanas. García Linera, Álvaro, “Las tensiones creativas de la revolución” en Posneoliberalismo, op. cit., p. 26.Los pueblos, aún hoy, avanzan atravesando, no eludiendo, el Estado. Porque lo decisivo, en este sentido, reside menos en el carácter clasista del Estado, que en su potencia para monopolizar la representación de lo universal. De hecho, ante el conflicto desatado en el TIPNIS, Territorio indígena parque nacional Isidoro Sécure. Situado en la amazonia boliviana, históricamente aislado del resto del territorio nacional, fue el epicentro de un conflicto en 2010 a raíz del proyecto de construcción de una ruta nacional que atravesaba el parque. Para el Gobierno de Evo Morales el conflicto fue particularmente desafiante porque ponía en entredicho la dirección hegemónica de los pueblos indígenas. una suerte de contradicción entre figuras universales –soberanía, territorio, nación–, y figuras particulares –comunidad, tierra, formas de vida–, Linera personifica, contra el ecologismo colonial y antiestatal, al funcionario de lo universal: La carretera sutura una geografía nacional escindida en dos grandes bloques geográficos: altiplano/amazonia (…) con la carretera, la geografía real y la geografía ideal del Estado (presente en mapas y convenios) tienden a coincidir. Cuando hablamos de geografía real nos referimos a la verificación de que su autoridad es de orden público con efecto de cumplimiento y legitimación social. García Linera, Álvaro, “Geografía de la amazonía. Poder hacendal-patrimonial y acumulación capitalista” en Posneoliberalismo, op. cit., p. 115.El Estado, como todo Estado apriorísticamente concebido, integra social y territorialmente a la población (construyendo vías férreas, carreteras, escuelas, etc.). En el caso de Bolivia –Linera recupera el concepto de Zavaleta Mercado– la construcción hegemonizada por el MAS deja atrás el Estado aparente. A este proceso, Linera lo rubrica como momento transicional entre la apariencia y el gramsciano Estado integral. Un momento de momentos, una fase histórica –recordemos que Ernest Mandel argüía que el período de transición al socialismo podría durar un siglo– Mandel, Ernst, La economía durante el período de transición, Barcelona, Anagrama, 1975. enraizada entre el punto de bifurcación (o situación jacobina), que consuma la derrota del bloque oligárquico, y las tensiones creativas (las contradicciones secundarias, teorizadaspor Mao) al interior del bloque popular. La correspondencia entre el Estado y la Revolución surge nítida de la lectura de los textos de Linera. Su crítica leninista al infantilismo de izquierda, la vindicación del capitalismo de Estado, el Estado burgués sin burguesía, la búsqueda de universalizar la autoridad o de hallar mediaciones legitimas entre clases y grupos sociales y entre ellos y la estatalidad; en suma: la normalización soberana de una sociedad que sale de un período convulsionado mediante la eficacia rutinaria de la ley y las instituciones que atenúan conflictividades sociales. Ahora bien, semejantes preocupaciones de “intelectual de Estado” –vertebrar la revolución sin negar sus conquistas– aparecen amortiguadas a través de pronósticos de futura disolución del Estado en un socialismo comunitario-indigenista. Entiéndase bien: no renegamos del destello utópico como verdad última de todo pensamiento político; al contrario nos interrogamos por qué Linera –suspendiendo la respuesta obvia: porque es un dirigente político actuando desde la cúspide del poder de Estado– se la niega a los demás en nombre del aserto weberiano la política consiste en una dura y prolongada penetración a través de tenaces resistencias, y, al mismo tiempo, se la reserva –la comunidad socialista indígena emancipada– para sí; otorgándole membrete estatal. En La revolución traicionada, Trotsky describe al poder como relación social; es decir, vinculado a luchas políticas antes que a transiciones inscriptas en saberes históricos, que la revolución de octubre, primero, y el stalinismo, después, hicieron caducar. En este sentido, la koiné marxista anti-stalinista –en nuestro caso: Zavaleta Mercado y Linera– creyó que bastaba con postular al Estado como relación social y defenestrar las concepciones anarquistas, que pretenden cambiar el mundo sin tomar el poder, para derrotar las cosmovisiones instrumentalistas; no obstante, la perspectiva societal del Estado ampara, aunque se lo niegue teóricamente, una comprensión maquinal de las instituciones estatales, puesto que, en suma, ellas están en función de las tácticas y estrategias del bloque dominante o el bloque popular. Y porque, además, al privilegiar la ecuación Estado-dominación-lucha de clases, es imposible escapar del indubitable carácter instrumental de la violencia. Tal carácter, y el privilegio de la mentada ecuación, emerge en la lectura del proceso boliviano en cinco etapas que ofrece Linera: 1) ascenso de la lucha de masas contra el neoliberalismo, 2) arribo electoral al poder de Estado y sustitución de las elites tradicionales, 3) punto de bifurcación: lucha desnuda contra los enemigos de la revolución, 4) triunfo popular, reforma constitucional y construcción hegemónica, 5) tensiones creativas dentro del proceso. El esquema trasluce una intelección del Estado como obstáculo político-constitucional y, al mismo tiempo, como imprescindible portador de legalidad. La magnitud política del Estado –el monopolio de lo universal, que Linera toma de Bourdieu– Bourdieu, Pierre, “Esprits d’État. Genèse et structure du champ bureaucratique” en Raisons practiques, París, Seuil, 1994, p. 131. es caja de herramientas para desplegar una revolución por medios legales. Para ello, es crucial ecualizar los límites constitucionales y las necesidades de la revolución –el caso notorio es la continuidad del liderazgo, pues no hay revolución venturosa sin dominación carismática–, apelando, obviamente, a las relaciones de fuerzas antes que a las disposiciones legales objetivas. En rigor, el Estado como espacio o campo de luchas es, no podría ser de otro modo, un locus a hegemonizar –sin duda imprescindible, por su carácter especial, como escribió Lenin: el Estado es una máquina especial– Lenin, Vladimir, op. cit., p. 26. al servicio de las luchas.El Estado como plusvalor político Los intentos de intelección materialista del Estado, mediante figuras como articulación, ecuación, hegemonía, relación social, espacialidad, campo, lucha, adquieren otro espesor –por ello es medular cotejar los textos de Linera con el de Zavaleta Mercado– cuando la revolución proyectada deviene poder de Estado. Allí, “la legalidad estatal proporciona un plusvalor político” Schmitt, Carl, La revolución legal mundial, Buenos Aires, Hydra, 2015, p. 57. a la revolución en curso. El acceso al poder de Estado ofrece un premio legal, la ocasión de plasmar institucionalmente los cambios originados en luchas cuya legitimidad proviene de filosofías de la historia extraestatales. Poulantzas supo graficarlo: Modificar las relaciones de fuerza internas del Estado no significa reformas sucesivas en una progresión continúa, conquista pieza a pieza de una maquinaria estatal o simple ocupación de puestos y cimas gubernamentales. Significa, claramente un proceso de rupturas efectivas cuyo punto culminante, y habrá forzosamente uno, reside en el basculamiento de la relación de fuerzas a favor de las masas populares en el terreno estratégico del Estado. Poulantzas, Nicos, op. cit., p. 317.La definición situacional del Estado como terreno estratégico es consecuencia del plusvalor político que se obtiene al ocuparlo; esto es: el usufructo de los rituales de obediencia, la oportunidad de suscitar una revolución legal y explotar, a favor de las masas populares, el monopolio estatal de lo universal. El proceso de rupturas obtiene su legitimidad de la representatividad popular, devenida bloque de poder estatal-societal, que discurre un peldaño por encima de la legalidad, y que, justo por ello, puede ser funcionalizada para mejor provecho de los combates por la emancipación. La autenticidad del combate frente al Estado de pacotilla, que desde siempre digitaron las clases dominantes, es lo que permite que tanto Zavaleta Mercado como Linera: 1) instrumentalicen la estatalidad negando que el Estado sea mero instrumento, 2) distingan desde el poder de Estado, pero en nombre de una filosofía histórica a-estatal, entre contradicciones principales y secundarias, entre tensiones creativas y destructivas de la revolución, 3) incrementen mecanismos de fortalecimiento de la estatalidad y pronostiquen la parusía comunista –en versión gramsciana: el Estado integral–, sin temer un oximorónico derrumbe.Ahora bien, no es solo la serena confianza en las virtudes de la dialéctica lo que atempera cualquier resquemor sino un expandido sentido común político sobre lo estatal que proponemos comenzar a interrogar. En tres dimensiones: 1) la vinculación entre autoridad y derecho, 2) la absoluta pregnancia de una retórica que pondera nudos, ilaciones, relaciones, articulaciones, 3) el encomio irrestricto de las luchas y el conflicto. El conjunto anterior puede comenzar a ser interrogado si somos capaces de trastocar la evidencia de una situación dilemática, receptáculo candente de preguntas, por ejemplo: ¿si para desplegar sus potencialidades subjetivas-intersubjetivas-comunitarias, los sujetos (llamémosle así provisionalmente) deben emanciparse, o ir haciéndolo ad infinitum, de los más diversos modos de opresión, o deben ser protegidos de la arbitrariedad? En un caso, el Estado es herramienta de la violencia dominante o un vehículo, una suerte de objeto transicional, hacia comunidades emancipadas; en el otro, el Estado cabe, ante todo, en el hobbesiano protego ergo obligo o en la dialéctica hegeliana del espíritu objetivo. Ante un ámbito o esfera tan inasible, a nuestro juicio, no es conveniente extraviar ese momento apriorístico –el de la génesis del sentido– donde los caminos emergen bifurcados. Volvemos a las tres dimensiones.En primer lugar, la noción de poder estatal y autoridad del derecho. Alexandre Kojève escribe, con simulada sorpresa, que la noción de autoridad ha sido poco estudiada, y que, sin embargo: “es totalmente imposible indagar el poder político y la estructura del Estado sin saber qué es la autoridad”. Kojève, Alexandre, op. cit., p. 49. Según el autor, a pesar de su proverbial acuidad, Marx soslayó completamente el problema de la autoridad. Para Kojève, en consonancia con el célebre ensayo arendtiano What is Authority?, “reducir la autoridad a la fuerza, supone negar, o simplemente ignorar, la existencia de la primera”. Ibíd., p. 51. En este sentido, el entrelazo marxista-weberiano entre poder-dominación-Estado, desliza la cuestión de la legitimidad dentro del marco de relaciones de fuerzas, cuyo resultado depende de la lucha hegemónica, y omite, porque la reduce, la especificidad de la autoridad. Por supuesto que es un efecto del decurso moderno lo que debilita tal figura, o la incorpora como atributo –es el caso paradigmático de Hobbes– de la puissance souveraine. Aun así, resta una vertiente, cuya autoridad proviene de su irreductibilidad al poder o la fuerza: el derecho. No desconocemos las implicancias filosóficas de semejante concepto: su rostro jánico, entre la violencia y la justicia, o su carácter nuclear entre los arcana imperii de la biopolítica Occidental; no obstante, al menos por ahora, mentamos la cosmovisión positivista del derecho. Cf. Rosler, Andrés, La Ley es la Ley. Autoridad e interpretación en la filosofía del derecho, Buenos Aires, Katz, 2019, pp. 91-101 y pp. 178-185. En cualquier caso, la expresión Estado de derecho, que puede sonar tautológica, pretende conjugar la potestas y la auctoritas. Si el Estado es relación o articulación, probablemente remita a ésta ante que a posiciones de clase. En efecto, como vimos con el ejemplo de la revolución rusa en la introducción, la interrogación teórica marxiana sobre el Estado carece de agudeza jurídica, o se limita a referir el origen político del derecho o a catalogarlo como mera expresión de los significantes dominantes de una época. Pero lo medular es lo siguiente: la constelación marxiana no niega al Estado y al derecho, como el anarquismo, sino que niega la autonomía normativa del derecho y afirma la veracidad del Estado como máquina de dominación ideológicamente revestida. Con buen tino, el soviético Pasukanis rechaza la existencia del derecho público, reenviando el origen de la juridicidad a la necesidad de regular relaciones mercantiles. El Estado y el derecho ocupan esferas de sentido divergentes, cuya amalgama es factible porque son forma social mistificada; es decir: porque son opus operatum del Capital. Concepciones contrarias a la conjunción Estado-violencia-instrumento-clase dominante, y propicias para adagios como el Estado produce poder político autónomo, desconocen, sin embargo, lo propio de la autoridad del derecho. Incluso desde un enfoque sociológico, como el de Bourdieu –a quien Linera cita asiduamente, obviando, escrupulosamente, el corte entre la perspectiva bourdieusiana y la teorización marxista del Estado–, la legitimidad del capital simbólico estatal remite, genéticamente, al interés especifico de los juristas, quienes se producen produciendo universalidad estatal. Cf. Bourdieu, Pierre, Sobre el Estado, Barcelona, Anagrama, 2014. Entonces: si el poder de Estado puede condensar momentos de lo social, la autoridad del Estado –el derecho– supone la eficacia simbólica, dogmática, trascendental, cuya metafísica (política) opera de manera no política. Para decirlo de otro modo, –uno que reenvíe al consenso forjado desde fines de los 70 alrededor de la confluencia entre socialismo y democracia, que Linera hoy suscribe como si fuera un pleonasmo–: García Linera, Álvaro, “Estado, democracia y socialismo” en Posneoliberalismo, op. cit., p. 358. si la autonomía relativa del Estado no refiere solamente a la regulación del antagonismo de clase, sino también a la esfera de los derechos –pluralismo político y social, libertades públicas e individuales, derechos humanos–, que no deben ser suprimidos junto con el capitalismo, el propósito de resituar al socialismo como horizonte de un proceso persistente de democratización de la sociedad, cuyo reverso es el sincero abandono de la ilación entre revolución violenta y dictadura del proletariado, conduce al reconocimiento de la autoridad del derecho, que, en la modernidad, consustancia con la aceptación de su autonomía normativa. Ahora bien, vale sospechar que los sucesivos reconocimientos de autonomía –de lo político, el derecho, la forma-Estado, las libertades democráticas– horadaron la inteligibilidad de la teoría marxista del Estado, que aún cultivan los ensayos de Zavaleta Mercado y que, extrañamente, sigue roturando García Linera. Podemos intuir por qué. Para amplias corrientes del pensamiento contemporáneo “lo metafísico” (“sustancialista”, “esencialista”) es una dimensión renegada, pero que insiste. Es nuestro segundo punto. El indudable componente metafísico de la estatalidad –incluso teológico-político– es blanco principal de las críticas sociales de lo político, pues tal componente justifica, políticamente, el ordenamiento vertical de la sociedad: toda estructuración política se organiza, representativamente, de arriba hacia abajo. Allí la autonomía de lo político es autonomía de la esfera estatal. Orientaciones filosóficas y práctico-políticas de tradición marxiana, entre cuyo acervo brillan Linera y ensayos como “El Estado en América latina”, deben minar la alianza de contrarios que ofusca su viabilidad: deben negar la afirmación de que lo político se condensa en la estatalidad y deben negar, a su vez, la afirmación de que lo político discurre fuera del Estado. Para ello, para pensar al Estado como posible portador (Träger) de prácticas emancipatorias –como aquel que puede transportarnos transportándolo de la dominación a la emancipación–, es crucial considerarlo en un plano inmanente, al filo de la indeterminación, apelando a figuras de probado talante: relación, articulación, ecuación. Es un intento de conceptualización –no empírica– del Estado a fin de inscribirlo en la historicidad estructural y contingente de las luchas. Y eludir la falacia, llamándola acaso tensión, en que se puede incurrir haciendo del Estado un ser que es lo que no es y no es lo que es. Si esto es así, si el Estado es vacío, un entramado tensionado, un efecto antes que una causa, cuya significación y funcionamiento maquinal presupone una disputa, ¿cuál es el sentido de averiguar su “naturaleza”? En este caso, clasificar, teóricamente, los niveles de complicidad con la dominación capitalista. A la ecuación entre Estado y capitalismo, índice de dominación, se contrapone la ecuación intensidad de la lucha política y el avance popular hacia el Estado, índice de emancipación. Esto es: la petición de principios revolucionaria encordela la crítica del mito del Estado –de su pretensión de universalidad o de trascendentalismo político– con su vindicación táctica, en aras de la complejidad de los procesos de cambio, abriendo la puerta cancel de la instrumentalización (teóricamente negada). Porque si la validez del Estado es relativa a, nada impide que clérigos y profetas políticos usen los mecanismos legal-estatales pretextando favorecer a las mayorías populares. Por último, vale una reflexión sobre la ponderación irrestricta de la lucha y el conflicto –sobre todo las que convergen en la esfera estatal en cuanto foco irradiante del antagonismo–, cuya verdad filosófica proviene de la primacía ontológica de la contingencia. Y así cabe interpretar hoy la frase señera de Zavaleta Mercado, que volvemos a citar: “es arbitrario sostener que todo momento estatal es reaccionario, tanto como suponer que toda determinación popular es progresista; por el contrario, en determinadas instancias la única forma de unidad de lo popular es lo estatal”. Zavaleta Mercado, René, op. cit., p. 335. El punto enervante es cómo asir filosóficamente la dialéctica entre la contingencia del Estado y la necesidad del Estado. Si evitamos trabajar con categorías polares del estilo “todo es contingente” o “todo es necesario”, la contingencia de las luchas se limita a proscribir la capacidad de determinar a priori el rol que cumplirá la función universalizante de la estatalidad, pero el momento de universalización, sin el cual lo político es inhallable y la sociedad inarticulable, es absolutamente necesario. Es ilustrativo, en este sentido, citar un párrafo de la lectura crítica de la ontología de Laclau realizada por Jorge Dotti: A nuestro entender lo que Laclau demuestra rigurosamente es que la contingencia de toda estructura es férreamente necesaria, que toda identidad es necesariamente contingente (por ser posible/imposible) y que, en consecuencia, en las estructuras contingentes impera una necesidad absoluta, la cual no es otra cosa que la de la contingencia de lo contingente. Creemos que Hegel dice lo mismo. Dotti, Jorge, “¿Cómo mirar el rostro de la Gorgona?” en Deus Mortalis, N°3, 2004, p. 491. El epicentro de la dificultad anida en la interpretación de la dialéctica de lo universal / particular atinente a la conservación o anulación de la diferencia, es decir, si la realización de la estatalidad deja lugar para la contingencia de las acciones ónticas y un adecuado pluralismo o si esa realización es al costo de una subordinación, en función de un menoscabo de la autonomía de cada proceso, de lo particular en lo universal. La cuestión, evidentemente, reside en cómo descifrar el concepto de mediación. Según Dotti, toda ontología conflictivista e inmanentista de lo político es incapaz de establecer una línea de demarcación, y por eso adolece de un pensamiento de la politische Form, cuyo eje vertebrador, la superioridad ética del Estado, atañe al principio representativo. En fin, las figuras de autoridad, poder, derecho, representación, mediación, forma, difícilmente puedan ser reemplazadas, para filosofar sobre el Estado, por figuras como hegemonía, articulación, ecuación, campo, bloque, pues la performatividad soberana exige la primacía de lo público-estatal por sobre el antagonismo social. ConclusiónEn este artículo rastreamos la problemática filosófico-política entre concepciones que intentan convertir al Estado en un vector de luchas político-sociales, que obtienen su verdad fuera del ámbito estatal. Procuramos evidenciar, comenzando con ejemplos extraídos de los anaqueles de la revolución rusa, las perplejidades que suscitan tales usos no estatales del Estado. Luego nos concentramos en textos, obras y personalidades de gran predicamento en nuestro región a fin de reponer, con ojos “latinoamericanistas”, la añeja cuestión del vínculo entre marxismo y autonomía de lo político desde el prisma de la teoría marxista del Estado. Así, la obsesiva pregunta marxiana por la naturaleza del Estado hace resonar, súbitamente, otra: ¿qué es la política? Ambas revelan, como escribió el Althusser inédito, el límite absoluto de la teoría marxista. Althusser, Louis, “Marx dans ses límites” en Écrites philosophiques et politiques 1, París, Stock/IMEC, 1994, p. 456. En su ensayo La autonomía de lo político, Mario Tronti argumenta que la especificidad de lo político radica en la divergencia entre el ciclo político y el ciclo económico: “aparece aquí el problema de por qué el esquema marxiano de una continuidad de desarrollo de lo económico a lo político no ha funcionado históricamente”. Tronti, Mario, La autonomía de lo político, Buenos Aires, Prometeo, 2018, p. 39. Da el ejemplo de la emergencia del Estado de bienestar (caso medular para la corriente del institucionalismo histórico), Skocpol, Theda y Weir, Margaret, “Las estructuras del Estado: una respuesta keynesiana a la Gran depresión” en Zona abierta, n° 63/64, 1993, pp. 73-153. y concibe politológicamente las instituciones del poder público: los actores del sistema de partidos y las burocracias. Ahora bien, si no hay continuidad, o correspondencia, la noción conjuntiva Estado capitalista carece de sentido. Precisamente, la afirmación de la autonomía de lo político implica la discontinuidad entre Estado y sociedad, o, de otro modo, la garantía para las libertades democráticas anida en la división entre el poder gubernamental-estatal y el económico. Aseverar lo contrario significa confundir elucubraciones filosóficas sobre instancias complejamente articuladas con experiencias subjetivas y socialmente objetivables, a menos que prefiramos que políticos avezados distribuyan grupos de población entre las pinzas diferenciadas de las contradicciones principales o secundarias pues descreemos de la limitación legal del poder. Por lo tanto, la cuestión medular es dilucidar si la figura Estado y las instituciones públicas, que se deducen de su puesta en forma, tienen, como citamos en la introducción, una consistencia discursiva y práctica propias. ¿Cuáles serían? En principio: la universalidad política y la neutralidad de los procedimientos legales a través de la representación y la mediación pública (intervención, regulación) frente a las conflictividades económico-sociales. No obstante, parafraseando el comienzo de la Teoría estética de Adorno, es dable consentir que es obvio que no hay nada obvio respecto al Estado. He recuperado, sin embargo, sus principios patentes tras rondar un texto crucial de la tradición intelectual latinoamericana, que trasluce un punto de partida irrenunciable: en América latina las ideas (sobre el Estado) están fuera de lugar. Sin embargo, no lo está menos –como postuló Aricó– el patrimonio marxiano, y su nervio decisivo: el Estado es una relación social. Así, nuestro recorrido textual posibilita dos conclusiones tan provisorias como críticas: 1) El Estado no es un conglomerado de relaciones sociales: es su condición de posibilidad. El núcleo orgánico o la arquitectura política para que la sociedad sea sociedad. El Estado no es fetiche, como el Capital, ni el hombre social de Marx, es decir, el resultado de una inversión o una objetivación, sino aquel que le da fisonomía e inteligibilidad a lo social. 2) Los actores, grupos y clases sociales que disputan, conflictividades a menudo sindicadas como ejemplos de democratización posible del aparato estatal, entrañan un riesgo de instrumentalización. En efecto: ¿cuáles van a ser los resultados concretos o los resultados coyunturales de las disputas? ¿Puede ser otro, en caso de éxito parcial, que apropiarse de un trozo del cuerpo administrativo-gubernamental para inocularle un sentido que obtiene su verdad por fuera del ámbito público-estatal? La lucha por el acceso de los recursos simbólicos y materiales proyectan una imagen maquinal, espejada, en su apariencia, al tradicional usufructo, que se denuncia, realizado por los históricamente dominantes. El interés por la silueta combativa de los actores y movimientos sociales es desinterés frente a la verdad del Estado: la Idea de Estado es el sujeto por representar políticamente. Así, los intereses económico-sociales, o corporativos, son estrictamente irrepresentables.Para concluir me permito una digresión argentina. Considero que en nuestro país postular la vigencia de la autoridad normativa del derecho, de los poderes públicos, de la fictio iuris estatal, requiere desandar, por ejemplo, los sucesivos cambios –prólogos, epílogos, supresiones y añadidos– realizados por Rodolfo Walsh a su opus magnus, Operación masacre, para reponer, prístino, el texto iniciático, que denunciaba, indignado ante el atropello, la ilegalidad de los fusilamientos, desde la convicción política, el consenso iuris, que pondera la neutralidad impersonal de la ley. Ese extraño, seguramente imprudente, y en el fondo ahistórico, desvío –como el del propio Walsh cuando escuchó que un fusilado vivía–, que hilvana la investigación walshiana con el alegato del fiscal Strassera, alberga, todavía, el camino de la razón democrática argentina. En todos los poros por donde respira, que demasiado recurrentemente amenaza con dejar de hacerlo –hoy intimidada por la derecha extremada–, y no sólo porque la historia es siempre exorbitante y enrevesada, incluso hegelianamente trágica, sino porque el derecho y la democracia, son y serán frágiles, si lo es, ante todo, el mito del Estado. BibliografíaAbad, Sebastián y Cantarelli, Mariana, Habitar el Estado, Buenos Aires, Hydra, 2012.Abad, Sebastián y Amador, Esteban, “Una hipótesis de trabajo sobre la filosofía política argentina” en Ideas. 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